Desde un abogado que defendió a miembros de bandas criminales hasta un personaje con vínculos con la minería informal, los postulantes en dicha región arrastran cuestionamientos.
A 21 días para las elecciones municipales y regionales, una de las regiones del país que se encuentran expectantes es La Libertad, que ha sido golpeada por la criminalidad organizada y el avance de la minería informal/ilegal en provincias como Trujillo y Pataz.
Y es que la región liberteña —y sus principales provincias y distritos— se encuentra bajo asedio de las bandas criminales y extorsionadores. Recientemente, el asesinato de cuatro personas y posterior secuestro del comerciante de oro Jenss Lara, en Trujillo, ha puesto nuevamente los reflectores en esta zona del país, que el próximo domingo 4 de octubre acudirá a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades.
Ante esta situación, Perú21 identificó que tres de los ocho postulantes al GORE La Libertad arrastran cuestionamientos de diversos tipos: desde sentencias hasta denuncias e investigaciones.
Lo mismo ocurre con tres de los 15 candidatos a la alcaldía provincial de Trujillo. En tanto, los dos candidatos a la alcaldía distrital de Pataz registran vínculos en con la minería.
ANTECEDENTES
Dos exlegisladores y un exburgomaestre buscan llegar al máximo sillón del GORE La Libertad, que actualmente es ocupado por Joana Cabrera Pimentel. Se trata de Daniel Salaverry, Elías Rodríguez y Aldo Carlos Mariños.
Salaverry, quien postula bajo la camiseta de Perú Primero, fue sentenciado en 2025 a ocho años de prisión por el delito de peculado doloso; sin embargo, nueve meses después la Corte Suprema revocó dicha sentencia.
Rodríguez, quien es candidato de Podemos Perú, se desempeñó tres veces como legislador. En 2016 fue denunciado e investigado por la Comisión de Ética tras conocerse que habría plagiado textos de otras publicaciones en fragmentos de, al menos, seis proyectos de ley presentados por su despacho.
Otro postulante que arrastra cuestionamientos es Aldo Carlos Mariños. El exalcalde provincial de Pataz es investigado por el presunto delito de peculado de uso. Fue acusado de utilizar una camioneta de su institución durante la caminata de sacrificio a Lima que realizó entre el 25 de agosto y el 12 de octubre de 2025 para exigir obras a favor de su jurisdicción.
No solo es un férreo defensor de la minería artesanal e informal, bajo la cual se escuda la minería ilegal, sino que, recientemente, su nombre apareció en un documento fiscal sobre el caso del asesinato de cuatro personas y posterior secuestro del comerciante de oro Jenss Lara en Trujillo. Dos jóvenes identificados como Gianmarco Medina y Eliezer Medina, quienes habrían trasladado a uno de los presuntos sicarios en un auto Nissan Versa blanco, declararon ante la Fiscalía y contaron sus vínculos contractuales con el exalcalde, según detalló Epicentro TV.
El primero dijo que trabajaba como su escolta desde hacía aproximadamente un mes y que recibía S/ 650 quincenales, mientras que el segundo aseguró ser su chofer privado desde hace un mes y medio, con una remuneración cercana a S/ 1,300 mensuales.
Tras conocerse estas declaraciones, el exburgomaestre, quien postula por Somos Perú, negó cualquier vínculo con Medina y rechazó que esta persona trabaje como su escolta de seguridad; sin embargo, Epicentro TV publicó unas fotografías en las que se ve a Medina junto al candidato durante una actividad proselitista.
Aldo Carlos Mariños es un férreo defensor de la minería artesanal y crítico de las restricciones del Reinfo.
VÍNCULOS
En lo que respecta a la Municipalidad Provincial de Trujillo, son tres los postulantes que registran antecedentes. El acciopopulista Carlos Alva Rojas, quien se desempeñó como congresista, fue denunciado ante la Policía por presunta violencia física en agravio de su propia esposa y afrontó una investigación en el marco del caso Los Niños. En 2023, la PNP y la Fiscalía allanaron su vivienda ubicada en Trujillo.
El actual alcalde de la ciudad y postulante de APP, Mario Reyna, quien llegó al cargo tras la suspensión de Arturo Fernández, busca quedarse un periodo más en el sillón municipal. En mayo del año pasado, la Fiscalía solicitó que se le impongan seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el presunto delito de colusión agravada.
Otro caso que generó polémica es el del candidato de Podemos Perú, Víctor de la Cruz Rosas. Panorama reveló que defendió legalmente a personas con presuntos nexos con organizaciones criminales en el norte del país.
En 2016, el abogado asumió la defensa legal de Teófilo Cruz Álvarez, alias el ‘Abuelo Pulpo’, patriarca de la organización criminal Los Pulpos. Además, en 2018 figuró como abogado de Juan Ramírez Abanto, alias ‘Canilla’, sindicado de integrar la organización Los Malditos de Chicago.
En respuesta, De la Cruz defendió su labor profesional y sostuvo que toda persona tiene derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
Víctor de la Cruz Rosas defendió legalmente al patriarca de la organización criminal ‘Los Pulpos’.
MINERÍA
El distrito de Pataz enfrenta una grave crisis de violencia asociada a la minería ilegal del oro y los dos candidatos que buscan llegar al sillón municipal mantienen actividades ligadas a ese sector.
José Torrealva, quien representa a Podemos Perú, es presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz). De acuerdo con una investigación de El Comercio, el candidato no solo es investigado por presunta minería ilegal, sino que es fundador o gerente de cuatro empresas: tres dedicadas al transporte o explotación del oro y una vinculada al almacenamiento de explosivos.
También visitó varias veces el Congreso. Precisamente, el último viernes 4 participó en una reunión con la presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes.
En tanto, Miguel Mantilla, quien representa a APP, es propietario o representante de cinco empresas vinculadas al transporte de carga y operaciones mineras, según declaró en su hoja de vida. Además, su hermano, Segundo Mantilla Rodríguez, registra seis Reinfos en Pataz y uno en Tocache, según detalló El Comercio.
Fuente: Perú21
