Desde enero de 2025, la Ley N.º 32199 establece un tope de edad para los trabajadores del sector público en Perú, disponiendo el retiro obligatorio al llegar a los 70 años.
A partir de enero de 2025, entró en vigencia una ley que modifica las condiciones laborales en el sector estatal peruano. La Ley N.º 32199, publicada en diciembre del año previo, fija una edad máxima para los servidores públicos e incorpora ajustes en las licencias sin goce de haber y en la compensación por tiempo de servicios (CTS).
Esta normativa busca uniformizar los criterios de retiro en las entidades públicas, elimina discrepancias entre instituciones y promueve una gestión de personal más estructurada. Su implementación es obligatoria para aquellos vinculados al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276.
Edad máxima para trabajadores del sector público: lo que dispone la Ley N.º 32199
De acuerdo con la nueva legislación, los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276 deberán cesar sus funciones al finalizar el año en el que cumplan 70 años. Esta disposición estandariza el retiro obligatorio y aplica de forma homogénea en todas las entidades públicas. Hasta antes de esta norma, las condiciones para el retiro por edad variaban según cada institución, lo que genera una administración laboral desigual en el sector estatal.
Nuevas reglas sobre licencias sin goce y cálculo de la CTS
La Ley N.º 32199 también modifica el marco de licencias sin goce de haber. Desde este año, los trabajadores públicos pueden acceder a estas licencias por un máximo acumulado de tres años dentro de un período de cinco años, sea de manera continua o fraccionada. Asimismo, se establecen nuevos parámetros para el cálculo de la CTS, lo que fija que se otorgue el equivalente al 100% de una remuneración mensual por cada año completo o fracción superior a seis meses de servicio.
Aplicación obligatoria de la ley en entidades públicas desde 2025
Todas las entidades públicas con personal sujeto al Decreto Legislativo N.º 276 están obligadas a cumplir con esta normativa desde enero de 2025. Esto implica realizar los ajustes administrativos necesarios para aplicar las disposiciones sobre edad límite, licencias y CTS. La ley busca ordenar y estandarizar la gestión del recurso humano en el aparato estatal, lo que garantiza condiciones claras y equitativas para los servidores públicos.
Fuente: La República
